50 AÑOS DE LA LEY 18829. EL RESPETO A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL.

 
¿QUÉ LECCIONES EXTRAER DE LOS 50 AÑOS DE LA LEY 18829?

El 6 de noviembre de 1970 se elevaba al Poder Ejecutivo de Roberto M. Levingston el proyecto de ley para regular la actividad de las agencias de viajes. Se creaban el Registro de Agencias y un fondo de garantía, este último con la finalidad de “asegurar el buen funcionamiento de las empresas y proteger al turista”. En 1974, el gobierno de Isabel Perón, creó el Registro de Profesionales y el Registro de Idóneos. Ambos funcionaron un tiempo, pero cayeron en el olvido hasta que en 1992, la Secretaría de Turismo a cargo de Francisco Mayorga, recreó un Registro de Idóneos y se lo delegó en un acto administrativo posterior inmediato, a la asociación empresarial AAAVYT (hoy FAEVYT). Según consta, sería “hasta tanto se regulen las profesiones de turismo”. Se exigía que las agencias tuvieran en su estructura funcional un profesional o idóneo. El motivo que se manifestaba era “procurar la mayor profesionalidad de las Agencias de Viajes reguladas por la Ley 18.829”. El dato de color, según lo que me confió un alto funcionario, es que  lo hicieron para ayudar a la asociación empresarial que no lograba cobrarle las cuotas a los menos de mil socios que por entonces tenía. Los licenciados y técnicos que quisieran ser idóneos de agencia deberían pagar un arancel anual. Es conocido que muchos simplemente firmaban a cambio de una suma y no tenían la menor idea de lo que sucedía en la agencia. El Colegio de Profesionales en Turismo de Misiones detectó que personas ya fallecidas, figuraban como idóneos de agencia.

A lo largo de las décadas de vigencia de la ley y los registros, se sucedieron reiteradamente quiebras, incumplimientos y estafas, luego de las cuales el pasajero enfrentaba una inexpugnable burocracia para lograr un resarcimiento, si es que éste llegaba. El “fondo de garantía en dinero efectivo, títulos del Estado…”  que preveía la 18829 no se usaba para la reparación del damnificado sino que lo retenía el organismo para cobrarse de allí la multa que resultara de la sanción correspondiente. La gestión del Ministro Matías Lammens, reconoció que había 4000 expedientes sin resolver y que ante dos casos iguales se fallaba diferente. Por citar memoria reciente, desde la provincia de La Pampa solicitábamos inspecciones, hacíamos la instrucción previa ante las denuncias y luego no había acción del Ministerio, lo que provocaba los enojos del caso. La etapa presumarial de mediación que se logró era una repuesta parcial, menor y no de fondo. El registro estaba desactualizado y en ocasiones figuraban agencias que habían sido dadas de baja.

¿ESTAMOS DISPUESTOS A RESPETAR LA CONSTITUCIÓN NACIONAL?

En una Argentina con forma de gobierno federal, la regulación de las profesiones es competencia de las provincias no delegada a la Nación. Las provincias, aún luego de creados los 9 colegios de profesionales en turismo, no reclamaron para sí el ejercicio de esa competencia, que a falta de colegio, podría hacerlo o bien una asociación de profesionales, o bien el organismo oficial de turismo provincial. Ni Nación ni la FAEVYT reconocieron a esos colegios y rechazaron o directamente ignoraron los pedidos que desde 2003 realizaron junto con las asociaciones, para asumir la regulación de la profesión. Los intentos por reformar la 18829 se trababan ante la sola posibilidad de que la caja del Registro de Idóneos volviera a Nación o fuera hacia las provincias con colegios.

A partir de la derogación de la ley 18829 y luego de haber afirmado el secretario privado del Ministro Francos mediante mail al ser consultado, y la Subsecretaria Yanina Martínez por whatsapp, que la actividad está desregulada y que los registros están derogados, la Faevyt  anunció que le habían traspasado los datos de todas las agencias (no sólo los de sus agencias socias) de ese registro ya derogado y que creaba un Registro Nacional, gratuito, que exige que la agencia registre su marca, tenga un idóneo y advierte que sólo los registrados podrán participar de los programas de calidad y de las misiones promocionales oficiales, donde es sabido que se utilizan recursos públicos.

Se trata de la delegación encubierta de un registro público a una entidad privada. La página no dice que el registro pertenece a la FAEVYT y tiene la apariencia de una página oficial. Afirman allí que el Registro es sinónimo de profesionalismo (quienes se negaban a reconocer a los colegios) e idoneidad, control y autoregulación del sector, garantía de calidad y protección al consumidor. Contiene inexactitudes y se arroga competencias del derecho consumeril,  que ha probado ser más efectivo en su accionar y tiene un ente específico. Se ha otorgado más poder a través de la sesión de datos públicos, a una corporación, en desmedro del emprendedurismo, que con AFIP, seguros y habilitaciones locales puede crear trabajo genuino e impactar sobre todo en el interior de la Argentina profunda. Emprendamos otra etapa con federalismo y responsabilidad de empresarios y consumidores.